Escribe: Gabriela Flores / Periodista FSP
DICTAMEN APCI
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, aprobó el dictamen que modifica la normatividad de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y la fiscalización a las organizaciones de sociedad civil.
Fueron 12 votos a favor y, solo uno en contra, los que definieron el futuro de las modificaciones que buscan limitar, cercar y reducir la participación ciudadana en el Perú. El dictamen fue aprobado a pesar de las opiniones en contra de diferentes entidades que se verán afectadas, bajo el falso argumento de que las ONG no son fiscalizadas en el Perú.
No solo se ignoran las opiniones técnicas de los organismos del Estado; sino que contravendría sentencias del Tribunal Constitucional relacionadas al derecho a la libertad de asociación al disponer obligaciones de registro de las organizaciones.
Entre algunos puntos cuestionables del dictamen – que, sería visto en los próximos días en el Pleno del Congreso – se dispone que APCI deba publicar en su portal la relación de Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto, como señaló en su momento dicha entidad responsable de combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sería inconstitucional y pondría en peligro los procesos judiciales por estos delitos.
Con esta decisión se buscaría poder estigmatizar a las organizaciones que hayan sido objeto de alguna observación, incluso, cuando estos reportes hayan sido absueltos o descartados posteriormente.
En esta misma línea, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó que APCI tenga un registro diferenciado de las entidades que realizan acciones de “activismo político”; es decir, aquellas que realizan trabajo de incidencia para mejorar las políticas públicas.
La incidencia política es un factor importante en el trabajo de las organizaciones de sociedad civil, porque es la manera en que se puede avanzar en modificaciones que garanticen derechos. Así, a lo largo de la historia, se han logrado importantes cambios normativos e institucionales como la Ley de Consulta Previa; políticas públicas para combatir la violencia contra la mujer; ampliar plazos de prescripción de los delitos de corrupción, entre otros.
Una disposición en este sentido, busca intimidar y poner bajo la lupa del Estado, a las organizaciones ciudadanas. La norma no define para qué ni el porqué de tener este registro diferenciado.
El dictamen reúne 6 iniciativas legislativas que fueron presentadas por congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Podemos Perú y Alianza para el Progreso. Y responde a una arremetida del Congreso de la República para frenar las voces disidentes y discrepantes, así como para evitar la fiscalización y vigilancia ciudadana.
