En el marco de la Cumbre del Futuro y Asamblea General de las Naciones Unidas, nosotros las organizaciones miembros de GCAP de países de América Latina y el Caribe, nos unimos para realizar Nuestra Asamblea Regional de los Pueblos, en un compromiso para enfrentar las profundas desigualdades, inequidades e injusticias que nos afectan ahora y amenazan nuestro futuro.
Este año la Asamblea Regional, hace un llamado urgente a los gobiernos y a las/os tomadores de decisiones a enfrentar las injusticias económicas, sociales y ambientales, adoptando medidas para construir sociedades justas, equitativas y en paz En un contexto de importantes reuniones multilaterales esta año América Latina será sede de: G 20 en Brasil, COP 16 en Colombia y otras que se realizarán en el año 2025 en nuestra región como: COP 30 en Amazonia/Brasil y la cumbre de la Amazonía en Colombia, abogamos por una gobernanza que priorice los derechos humanos para combatir el cambio climático, las desigualdades, empobrecimiento y los impactos de la deuda. Presentamos las siguientes demandas esenciales para garantizar el bienestar y la justicia en nuestra región:
Justicia Económica:
- Demandamos una transformación radical de los sistemas económicos para garantizar la justicia económica, implementando políticas que promuevan la equidad en la distribución de recursos, la reducción de las desigualdades y el acceso equitativo a oportunidades económicas.
- Exigimos un compromiso real con la justicia económica que permita a todas las personas tener una vida digna y prosperar en un entorno inclusivo y sostenible.
- Urgen reformas para lograr políticas fiscales que reduzcan las desigualdades estructurales en la región.
- La transformación de la Arquitectura Financiera Internacional es esencial para un cambio justo y equitativo, y debe incluir la participación efectiva de las comunidades, pueblos y sociedad civil.
- Diseñar políticas de endeudamiento justas, incluyendo mecanismos de reestructuración de deuda.
- La recaudación fiscal debe alinearse con las necesidades de financiación estable para reducir la pobreza y la desigualdad.
- Los gobiernos deben dejar de utilizar instrumentos como beneficios fiscales, subsidios e incentivos que promuevan un modelo extractivista excluyente.
- Garantizar la transparencia en las reformas fiscales, asegurando mecanismos eficaces de debate amplio y público.
Justicia Climática:
- Exigimos acciones concretas para enfrentar la crisis climática, abordando las desigualdades existentes e instamos a los gobiernos a alinearse con el Acuerdo de París, intensificando la cooperación para la mitigación y adaptación climática.
- Diseñar e implementar planes de resiliencia, pérdidas y daños centrados en grupos marginados, especialmente mujeres, garantizando que nadie quede atrás.
- Una gobernanza ambiental fortalecida requiere comprometer a los gobiernos a reforzar las alianzas con la sociedad civil y actores privados, integrando principios de derechos humanos y fomentando la creación de nuevos contratos eco-sociales.
- Transición de combustibles fósiles a energías renovables, seguras, limpias y gestionables de forma colectiva e invertir en eficiencia energética.
- Aumentar las transferencias financieras del Norte Global al Sur Global para abordar las deudas climáticas, garantizando un control democrático sobre estos recursos.
- Urgimos a los países que aún no han ratificado al Acuerdo de Escazú, a que se conviertan prontamente en Estados Parte de este trascendental instrumento, y a quienes ya lo son, a implementar el Plan de Acción Regional para proteger a los defensores de los derechos humanos en temas ambientales.
- El modelo de desarrollo basado en la explotación está agravando las desigualdades sociales, ambientales y económicas, afectando derechos fundamentales como el acceso al agua, la tierra, la alimentación y la vivienda, mientras los conflictos socioambientales aumentan por megaproyectos, monocultivos y mercados de carbono, con la complicidad de Estados y corporaciones transnacionales.
- Condenamos la militarización y criminalización de los defensores de los derechos humanos.
Justicia Social:
- Reiteramos la necesidad urgente de establecer y consolidar sistemas de protección social universales y efectivos, garantizando el acceso a servicios esenciales, mejoras en salud, y una red de seguridad que promueva la igualdad de oportunidades y el bienestar general.
- Cumplir con la función redistributiva del Estado mediante un gasto público suficiente y estable para financiar servicios sociales básicos de calidad, así como mecanismos de protección social robustos.
- Asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todas las personas
- Garantizar un comercio justo con salarios dignos, condiciones laborales adecuadas y seguras
- Promover una educación pública, gratuita, de calidad y accesible para todos.
- Garantizar el acceso al empleo pleno, productivo y libremente elegido y al aprendizaje permanente.
- Proteger a las personas a lo largo de su ciclo vital, facilitando transiciones equitativas.
- Asegurar la participación de la sociedad civil, reconociendo el papel de las organizaciones en la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente, en favor de un entorno propicio y el espacio cívico.
Justicia de género:
- Prevención y respuesta a la violencia de género, promoviendo campañas de sensibilización regional y adaptables a los contextos de cada país para crear conciencia sobre las diversas formas de violencia de género y sus consecuencias.
- Participación política de las mujeres, asegurando cuotas de género en los espacios de toma de decisiones y apoyar a las organizaciones de mujeres.
- Garantizar el acceso a servicios de calidad y gratuitos en salud sexual y reproductiva y promover la educación integral en sexualidad y combatir los estereotipos de género.
- Demandar la implementación de políticas públicas con perspectiva de género.
- Exigir la asignación de recursos adecuados para la prevención y atención de la violencia de género.
- Promover la participación de las mujeres en la construcción de la paz y la seguridad.
- Defender el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación.
Reafirmamos nuestro compromiso por construir una sociedad justa, equitativa y en paz, y llamamos a los gobiernos, organismos internacionales y a toda la sociedad a trabajar de manera conjunta y decidida para materializar estas demandas. Es imperativo que actuemos con urgencia y coherencia para construir un futuro justo para todas las personas en América Latina y el Caribe.
