El 17 de enero de 2025, los 93 miembros de la comunidad Kuyumatak en Condorcanqui (Amazonas) estuvieron en peligro. Unos 20 encapuchados llegaron con armamento militar tras haberse enfrentado con otra banda criminal (Los Choneros) en la comunidad Kumpanam (Chayu Muja) de Ecuador, buscando huir de El Cenepa. Las organizaciones indígenas y pobladores acudieron a quienes deberían garantizar la seguridad en la zona, pero no obtuvieron respuesta oportuna. La Base Militar “Valdivia Chávez” que alberga a la Policía Ambiental no cuenta con recursos logísticos suficientes para, por ejemplo, recorrer el río Cenepa y capturar a los delincuentes que usan la ruta fluvial para huir.
No es un episodio aislado. En abril de 2024, a pesar de los Estados de Emergencia, 2 policías peruanos eran detenidos junto a los 5 mineros ilegales ecuatorianos a los que resguardaban en una embarcación en el río Santiago, en Condorcanqui (Amazonas). Según reveló el medio periodístico Convoca.pe, la captura no fue resultado del trabajo del Estado, fueron los Charip un grupo de autodefensa Wampi organizado para proteger a la Naturaleza, los territorios y la comunidad.
ENTRE LA MINERÍA ILEGAL Y LAS CONCESIONES IMPUESTAS
Ambos episodios demuestran el avance peligroso y alarmante de la minería ilegal, las actividades criminales y la corrupción que ponen en riesgo a la población en Condorcanqui (Amazonas) de convertirse en una segunda zona controlada por la minería ilegal, como ocurre hoy en Pataz (La Libertad). Pero, no es el único peligro. La destrucción de la Naturaleza, la amenaza a la salud y la vida de las poblaciones y el avance de actividades de extracción de oro en zonas vírgenes no es una acción exclusiva de la minería ilegal. En Condorcanqui, además, enfrentan la imposición de concesiones mineras, como la de la empresa “LA JUNGLA S.A.C”, impuestas sin consulta previa y sin contar con Estudios de Impacto Ambiental.
“LA JUNGLA S.A.C” opera en la parte baja, por la boca del río Cenepa; en la zona en la que se cruza con el Río Marañón, que, según una sentencia de la Corte Superior de Loreto, es titular de derechos y debe garantizarse su protección y no contaminación. Junto a la empresa, las dragas de mineros ilegales extraen oro sin control incrementando la amenaza y daños al río Marañón, al río Cenepa y a los territorios colindantes; poniendo al Estado en riesgo de incumplimiento de un mandato judicial.
POBLACIÓN RESPALDA LA MINERÍA ILEGAL POR NECESIDAD Y ABANDONO DEL ESTADO
Los mineros ilegales organizados en grandes grupos han penetrado en el territorio del Cenepa (Condorcanqui, Amazonas). Lo han logrado en los últimos 4 años, captando a una población que requiere ingresos económicos para sobrevivir. A cambio de dinero ponen en riesgo sus propias vidas extrayendo y procesando oro en ríos como Comainas o Cenepa.
El impacto en el medio ambiente y las comunidades han destruido las formas de vida de las comunidades. El Estado los tienen abandonados: colegios y obras de saneamiento abandonadas, comisarías o puestos de seguridad como la Base “Valdivia Chávez” sin recursos logísticos básicos, autoridades que justifican los abusos sexuales contra menores de edad evidenciando discriminación y prejuicio hacia las comunidades.
Con esa realidad, muchos pobladores encuentran en la actividad minera (ilegal o legal impuesta) un mecanismo para cubrir sus necesidades básicas y evitar que las bandas criminales los amenacen o atenten contra sus vidas. “La minería ilegal es promovida por el actuar irresponsable y discriminador del Estado peruano que se niega a escuchar los pedidos de los pobladores. La necesidad extrema es la base de la captación de personas”, nos dicen los líderes de la zona.
En el Cenepa, todo está en riesgo: los territorios, los animales, los ríos, la Naturaleza, la salud y la vida de los pobladores y comunidades indígenas. Se requieren acciones urgentes y firmes por parte del Estado para proteger a las comunidades y pueblos indígenas que arriesgan su vida para proteger a sus familias. Es imperativo terminar con las decisiones públicas que impulsan el extractivismo sin control, el despojo de tierras, las actividades ilegales y la impunidad.
